jueves, 26 de julio de 2007

ECONOMIA, NEGOCIOS Y SENSIBILIDAD




Como ustedes ya han comprobado, el que suscribe tiene una evidente deriva hacia lo que podría llamarse economía divulgativa. Esta rama del saber, escasamente cultivada en nuestro terruño por desgracia, requiere una escritura muy pegada al terreno, es decir al día de las preocupaciones y ocupaciones de los comunes mortales y un excelente conocimiento de la ciencia de origen. Existen precedentes y escribientes hoy día de ello, alguno de los cuales, manejando una subsección de la citada rama del saber, dan una lección semanal de la técnica. Les recomiendo a Fabián Estapé, aunque les advierto que es un verdadero artista para escribir entre líneas diciendo cosas muy gordas.

Hoy voy a suscribirme de nuevo a la sección mentada y les hablaré con ejemplos de rabiosa actualidad de eso que algunos han teorizado con el término “responsabilidad social corporativa”. Les resumo lo que es, por si no están al “loro”. La RSC la componen todos los instrumentos y políticas de gestión empresarial dirigidos a ser consecuentes con el medio ambiente, con los derechos laborales, con la equiparación de sexos, con la compatibilidad del trabajo y la vida familiar, etc. En resumen, es una especie de contrato entre empresa y sociedad democrática en la que la empresa se erige en territorio decente. No vayan a creer que es poca cosa y poco importante. Al contrario, ya se están contratando especialistas en aplicarlo y extenderlo. Insisto que lo que viene a continuación no es ni crítica, ni burla a ello, simplemente unas gotas de cruda realidad.

Para encabezarlo les cito un reciente titular de un periódico catalán de nombre redundante: “La tercera edad es un negocio como el de las autopistas”, firma la frase sin ninguna vergüenza el presidente de una mutua de seguros, oriundo de Vilanova i la Geltrú, a dos pasos de Barcelona, y licenciado en varias especialidades. Como ven no es un desconocido, en realidad es un vecino. Tiene al parecer una excelente formación universitaria y dirige una gran empresa que tiene una estructura de base social, una mutua. ¿No les choca este currículo y el titular de referencia? ¿Cómo es posible que una persona, probablemente sensata, con un nivel de cultura por encima de la media, que se relaciona empresarialmente en un marco de preocupación social, termine diciendo lo que dice? Puedo ampliarles la afirmación del sujeto: “Queremos que nuestros inversores se sientan seguros y, por lo tanto, seremos selectivos (en el negocio de la tercera edad se entiende)”. A la mujer objeto añadiremos ahora el anciano seleccionado objeto. ¿No es esta una razón para llamar al RSC y con urgencia?

Para compensar la cercanía de lo anterior, les añado algo de hoy en toda la prensa: NIKE despide a 14.000 trabajadores en Indonesia. La noticia es apabullante. Una empresa tira por la borda y sin pestañear un mundo entero. 14.000 empleados son aproximadamente 50.000 personas vinculadas familiarmente y lo que te rondaré morena si sigo con la cadena de empresas vinculadas. Podríamos resumir que NIKE desmonta la vida a toda la ciudad de Mataró, por poner un ejemplo más próximo y comprensible. Huelgan los comentarios al respecto. En este caso, ni los de la RSC podrían hacer algo. NIKE está en los USA, donde todo está permitido, al parecer. Fíjense que mientras unos se ponen una NIKE para chulear y divertirse sudando, otros sudan haciéndolas y luego cuando conviene los tiran a la basura con niños y todo. Todo un sistema del que está exultante ese protagonista nuestro tan querido, el profesor de economía residente en Barcelona que luce, esbelto el, chaquetas fosforescentes y una teoría de la empresa proveniente directamente del siglo 19 y no precisamente de la zona renana.


Tercera entrega, volviendo a la realidad circundante: Mes de julio, diario peninsular con edición local, página de economía (no de sucesos), “cinco muertes en accidente laboral en un solo día en la construcción”. El diario resalta que los obreros fallecidos pertenecían a empresas (¿) subcontratadas. Sería muy fácil reclamar la acción de la policía, o del departamento correspondiente, pero en realidad hay que llamar a los técnicos en RSC por si tienen algo que decir. Insisto en recordarles que las subcontratas y la accidentabilidad en la construcción solo viene comentándose desde hace unos 200 años, y ahí sigue. Cito como tema relacionado una propuesta del gobierno catalán para reducir los trámites administrativos que deben cumplimentar los empresarios (en un primer momento el borrador se llamaba: eliminar barreras. Término del que me ahorro el comentario). Me pregunto si los empresarios que cumplen tan escrupulosamente las normas de salud y seguridad en el trabajo también se verán beneficiados por tramitaciones benévolas o deberán continuar con los trámites duros. Esto requerirá un artículo en exclusiva.

Con gran ilusión, puesto que afecta a mi primera especialidad creativa, incluyo lo que viene a continuación: Los empresarios vinculados a la especulación urbanística en la provincia de Málaga pagaban una tasa al alcalde. La llamaban tasa de soborno y estaba valorada en 80 euros por metro cuadrado y 6.000 por vivienda. El diario que hace referencia al caso no explica si la tasa se aprobaba en el pleno municipal o en el bar “Aquí cabe todo”. Este grupo de empresarios, tanto los inmobiliarios como los regidores, pertenecen a la especie selvática, es cierto, pero solo porque son tan torpes y exagerados que se hacen pillar con los bolsillos rebosantes de billetes de 500 euros. Otro motivo para llamar a los de la RSC.

Les insisto en que reflexionen sobre el hecho en sí: una tasa, una obligación contractual y regulada. Es toda una teoría del estado y un manual de economía aplicada. Chicago años treinta. Casi nada.

Termino de momento con lo siguiente que afecta al departamento de sueldos y salarios y al sector público: Catalunya no puede evitar la fuga de enfermeras y tendrá déficit de ellas, por razón de las bajas retribuciones actuales y las condiciones de trabajo. Los espectadores del resto de España tal vez no terminen de entender la cuestión, puesto que Catalunya dispone de un modelo sanitario peculiar, todo y que la sanidad está en manos de la administración, la gestión la realizan un conjunto de empresas públicas y mayormente privadas. Nada parecido al resto peninsular en donde impera un sistema de salud público casi al completo. La noticia se ha ido extendiendo a otros profesionales sanitarios y complementándose con la pretendida contratación de técnicos del este europeo para compensar las pérdidas. Es decir, nuestra gente se marcha a trabajar a Inglaterra y aquí vienen de Polonia. A mi entender, sería preferible que cada uno se quedara a gusto en su casa. La sanidad, los pacientes, los sanitarios serían mucho más felices y no creo que los costes totales (monetarios y sociales) se disparasen. También es un caso de la RSC.

Como memorando final les diré que economía, negocios y sensibilidad son términos que difícilmente pueden ir juntos. Las iniciativas responsables como las que impulsan la RSC y otras, junto al papel equilibrador de la administración democrática serán siempre necesarias, pero insuficientes. La vida es así y los negocios peor, somos humanos que salimos hace algunos años de la selva. Muchos (que la llevan dentro) piensan que aún están en ella.


Lluís Casas, incomprendiendo.

miércoles, 25 de julio de 2007

EL PAGON DE BARCELONA




Lluis Casas, Doctor ingeniero de telecomunicaciones



No les va a sorprender a los lectores habituales de este medio que les escriba sobre el apagón de Barcelona y ello por dos motivos, en primer lugar porque se trata de infraestructuras, no solo básicas sino, hoy en día, vitales y en segundo lugar por su trascendencia política y por ciertas picardías que puede hacerse con los ministros de Industria, mandamases aparentes de la energía en España (Clos, Montilla, Piqué y otros). Allá voy.


No les relataré algo conocido por los periódicos: ese estado de sitio que han vivido cientos de miles de personas y muchos servicios básicos, desde la sanidad al alumbrado público, aunque no dejaré de reseñar el alto nivel de civismo, paciencia y buen sentir que demostramos los barceloneses, cosa que no está nada mal en los tiempos que corren, pero que podríamos demostrar sin necesidad del apagón.


Iré al ajo manifestando que estamos viviendo en Catalunya una doble crisis de infraestructuras, la primera comentada en diversas ocasiones es la que se manifiesta por un, digamos, descuido histórico respecto al mantenimiento, reinversión y nuevas infraestructuras en nuestro país. En los últimos dos años ha sonado la alarma en diversas ocasiones, aeropuerto, ferrocarriles de cercanías, abastecimiento de agua, suministro eléctrico, etc. como demostración palpable de a donde hemos llegado. Dejaré por hoy esta cuestión y me traslado a un asunto colateral, pero de la mayor importancia para entender por qué funcionan tan mal algunos servicios básicos.


El asunto viene, a mi entender, de la enorme privatización de los servicios básicos y empresas públicas que emprendió el PSOE y culminó el PP (la energía como ejemplo paradigmático) y que no ha terminado todavía (faltan algunas piezas solemnes como los aeropuertos, las líneas de ferrocarril y otros). No criticaré, aunque podría hacerlo, la opción privatizadora. Ahora me interesa algo más sutil y entiendo de mayor importancia: el control sobre esas empresas mayúsculas que la sociedad posee o no. Control obvio dada la peculiar situación de ese no mercado y de la trascendencia de su funcionamiento. Partíamos en los años setenta de una situación que podríamos calificar en inglés como de poco adecuada. Las empresas estatales suministradoras de la mayor parte de los servicios y las infraestructuras respondían a un modelo político (muy franquista puestos a decirlo) que ensamblaba control político (absurdo y torpe en general), con los intereses de la oligarquía industrial y financiera de entonces. No hace falta citarles a Tamames y otros ilustres de entonces para que se hagan una idea de lo que quiero decir. El proceso democrático nunca emprendió una reforma en profundidad en ese sector, incluso con gobiernos elegidos y con las nuevas direcciones de les empresas públicas un cierto aire rancio se mantuvo y la cultura empresarial basada en que la empresa estaba por encima del servicio público siguió ahí y ahí sigue según podemos apreciar por los hechos. El paso a la gestión privada fue mal planteado, pero sobre todo se obvió lo mismo que antes: unos sectores en donde la competencia brilla por su ausencia y la opción del consumidor es menos que marginal deben continuar bajo una fuerte regulación pública (como mínimo). Y por lo mismo, unos sectores clave en el desarrollo económico y urbano, abastecedores de servicios básicos deben responder, incluso con la filosofía de la empresa privada, al servicio público por encima de cualquier otro interés.


Tenemos a mano infinidad de hechos que corroboran que los hechos se producen al revés: es el poder público y el interés ciudadano el que está supeditado a la estrategia empresarial, al margen de beneficios que honestamente pudiesen corresponder y a las casualidades de la vida, como el sr. Pizarro por poner un ejemplo. Puedo señalar, y señalo, los pagos a las eléctricas en concepto de entrada en la competencia como de pura poesía especulativa, la asunción del coste financiero de la red de autopistas de peaje como dádiva mortuoria (se entregó a lo privado una red en bancarrota financiera por la devaluación de la peseta y la administración asumió los costes. No cito al protagonista, ahora en Europa, porque produciría más de un patatús).




Ese modelo de carácter extremo dentro de un liberalismo económico que podría resultar aceptable ha producido monstruos en toda Europa. Recuerden ustedes el film que relata la cruz de unos trabajadores ferroviarios británicos que viven la gran privatización de la Thatcher, hecha sobre el cadáver del buen servicio y cadáveres reales de accidentados por renuncia técnica al buen servicio. Privatización que otro liberal más benigno, Blair, ha tenido que retocar en profundidad para que los británicos pudieran seguir llegando a la hora.


Nuestros monstruos gozan de buena salud financiera y de excelente salud de poder. Los ministros de industria con sede en Madrid, con reconocidas obligaciones en el ramo energético nunca han actuado con la decisión y la claridad de intereses que conviene al país, arrugados frente al poder real de los pizarros de este mundo. En Fomento, otro ministerio madrileño, otros poderes actúan de forma parecida, aunque ciertamente menos descarada y en Medio Ambiente, más de lo mismo. Luz, agua, gas, carreteras y autopista, aviones, etc. Son el pan de cada día.



¿Qué hemos hecho mal para merecernos esas empresas? La respuesta es muy compleja, pero esencialmente hemos renunciado a que estas empresas cumplan programas de inversiones y de mantenimiento adecuados a la expansión del consumo, la seguridad de las redes y la disciplina pública. Los beneficios son el resultado de una empresa que entrega un buen servicio, no de una empresa que alarga la amortización de cables y conexiones más allá de la razonable y sitúa en grave riesgo a la sociedad. Esas empresas, afirmo, se deben más al servicio que al propio accionista y, al revés, nunca el servicio debe verse afectado en riesgo por mor de beneficios o de especulación bolsaria.



Accidentes e incidentes pueden ser imprevisibles, pero nunca deben tentarse. Si no se renuevan las líneas y se adecua a las necesidades, los incidentes vienen solos. Ahí está el problema. La administración, en este caso el gobierno debe recuperar algo de no debió perder, el control del servicio y la capacidad de incidir en la actividad básica inversora de las empresas.



En el caso del apagón barcelonés, las enseñanzas vienen dobladas. Al sistema de garantía del servicio basado en la lotería del riesgo que impera entre las eléctricas, se añade la escasa capacidad de coordinación entre empresa abastecedora y la responsable de la red general. El espectáculo ha sido divino para quien tenía luz para poder ver la televisión, ni una ni otra empresa aceptan responsabilidades e incluso se niegan a comparecer en público. Para el sufrido consumidor catalán, que no ciudadano (puesto que parece que esos servicios no se corresponden al estado de ciudadano) la juerga continua con debates entre Endesa i Resa por quien es el culpable y qué cable se ha roto, si el tuyo o el mío. El mismo consumidor teme que dentro de quince años un juez decida que las empresas han de pagar una indemnización de 10 euros en razón a los servicios no prestados. Mientras, las mismas empresas habrán realizado inversiones de gran importancia estratégica en el desierto del Gobi, en donde ya son los principales abastecedores de energía. El cable culpable, se dirá luego, fue reforzado por el lampista del barrio y así continua.


Lluís Casas a oscuras

martes, 17 de julio de 2007

¿POR QUE LOS EMPRESARIOS NO QUIEREN IR A 80?



Por Lluis Casas


Como ya les anticipe en la anterior entrega, el Instituto San Isidro es un gozo de estudios, ahora, gracias a una encuesta que ha utilizado las técnicas sociológicas y matemáticas de investigación inmediata del Nóbel más reciente, puedo desvelarles un misterio que preocupa a la sociedad catalana: ¿por qué los empresarios se oponen a la reducción de la velocidad en las cercanías de la ciudad de Barcelona a 80 K*H?


Como ustedes habrán podido leer, el gobierno catalán y los municipios del área metropolitana impulsan una serie de medidas para reducir la contaminación atmosférica de ese territorio. Como todo el mundo sabe, los índices de contaminación superan cualquier tope europeo y afectan gravemente a las personas y otros animales de compañía. Se tienen estudios de salud sobre el efecto de esa contaminación y son muy graves. El causante principal de la contaminación, una vez que la industria se ha adaptado a las medidas que la UE recomienda, es, sin lugar a dudas, el tráfico y por ello la propuesta de reducir algo dicho impacto a través de una medida blanda como es la velocidad.


Pues bien, al RACC, a los empresarios y a un periódico de la mañana no les ha gustado la propuesta. Aluden a que hay otras vías, todas de largo recorrido aplicatorio y que sorprendentemente ya constan en la previsión gubernamental (enlaces ferroviarios, transporte público, más carreteras, etc.). Explican que no está probada la reducción contaminante a través de una menor velocidad, opinión basada en otras opiniones lejanas. Incluso ese profesor de mala economía que circula por Barcelona con brillantes chaquetas de tutti colori expresa en el diario de la mañana que la medida impedirá el desarrollo económico catalán y aduce que el gobierno la quiere aplicar por cuestiones de gónadas políticas: marcar paquete en el inglés del susodicho profesor que está a años luz de la paridad de sexos. Está claro que hay barullo y que no se sabe muy bien porqué.


Una serie de eminentes ciudadanos con posibilidades intuyó que el asunto de marras traería cola y decidió ponerse en manos del San Isidro, con una petición desacostumbrada, era necesario que el estudio y sus valoraciones estuviesen disponibles en tres días. El San Isidro dispone desde principios de año de un acuerdo con la universidad de Kyoto para utilizar los modelos de reacción social inmediata que descubrió el Nóbel y los ha aplicado por primera vez. Veamos los resultados:


El estudio se realizó la semana pasada y se basó en estratos de interés mutuo, con una muestra selectiva del 10% y preguntas inducidas. Las conclusiones a que los investigadores llegaron fueron las siguientes:

1. A los empresarios les importa un pimiento lo de la reducción a 80 k*h. Ellos conducirán a la velocidad que les convenga, independientemente de los límites. Como afirma una respuesta a la encuesta, ya lo han hecho así desde siempre.


2. Esa posición se descompone en dos estrategias: la primera corresponde al empresario de furgoneta. Su respuesta mayoritaria, un 99%, fue que siempre iban a 140 en autopista i a 90 por ciudad y no veían motivo alguno para cambiar dado que iban mal de frenos y aceleración. La segunda está motivada por lo que el investigador ha dado en llamar empresario-mercedes (a causa del vehículo mayoritario en este subsector) y la respuesta fue dada por los chóferes correspondientes. Estos confirmaban que nunca leían el periódico, ni el DOG, por lo que circulaban como siempre a 200, sin ninguna queja por parte del propietario.


3. Un pequeño porcentaje de las respuestas, un 1%, argumentó que a el nadie le decía a que velocidad corría o se corría. Hay en el estudio una cierta confusión de términos, por otro lado perfectamente comprensible dada la metodología japonesa utilizada.


4. El sistema de análisis complejo utilizado por el San Isidro ha hecho aparecer opiniones consolidadas que no se expresan habitualmente en las encuestas, de este modo podemos informar que el 80% de los empresarios no entienden porque sus líderes patronales se meten en berenjenales que ni les importan, ni les afectan, aunque sostiene una mayoría del 70% que esta repulsa se entiende desde el punto de vista que nunca hay que estar de acuerdo con medidas de protección ambientales que se propongan para Catalunya. Otra cosa es que fuese para otros territorios lejanos, a la que darían su aprobación unánime.


5. El sector empresarial vinculado al mundo del automóvil tuvo un tratamiento específico, dadas las características de la investigación. El 100% se manifestó por la libertad en la elección de la velocidad, color, potencia y contaminación. Expresan con emotivo furor que el automóvil o coche, es un derecho fundamental y no así la salud. Aludieron a las consecuencias de reducir la velocidad sobre la ocupación laboral y amenazaron con decírselo a los sindicatos. Para demostrar el sumo interés del sector para reducir las emisiones de los vehículos entregaron al encuestador una propuesta que implicaría una reducción del 10% a lo largo de los próximos 100 años.


La lectura de los resultados arriba descritos no hace más que demostrar el grado de entendimiento entre las políticas ambientales y, lo que podríamos llamar, el mundo de los negocios. Esa expresión, ahora cuantitativa, permitirá cambios sorprendentes en la evolución técnica de los vehículos, según palabras de un portavoz del RACC, aludiendo sin duda a la próxima generación de todo terreno para llevar los niños al colegio que aparecerá de inmediato.

Lluís Casas, dios mío donde nos hemos metido