martes, 27 de mayo de 2008

LA UBICUA INANIDAD DE LOS SERES MENORES

En un reciente escrito publicado aquí mismo me refería con cierto desparpajo e ineludible ironía a los políticos de ahora mismo como seres menores. Retomo el adjetivo con ánimo descriptivo dadas las circunstancias post electorales con que las fuerzas de las mayorías parlamentarias acometen la pugna por el poder cuatrianual y por todos los recovecos de autoridad que ello genera. La pugna nos asiste incluso en el mismo interior de ellas, y con las mismas penosas características.

El término fue utilizado en un excelente film para referirse a las personas con discapacidades psicológicas, yo lo utilizo para referirme a personas con capacidades normales, exclusivamente normales que en la vida de paisano serían una más, sin renombre propio significativo. Simplemente gente normal tirando a lista. Con ello no quiero decir que una persona normal no deba atender a un cargo político, de ninguna de las maneras. Me refiero a que para merecer un cargo político debe poseerse, según mi criterio, cualidades específicas y, si es posible, trayectoria recomendable.

Fíjense que fundo capacidades propias del sujeto y de su historia, ambas me parecen necesarias y convenientes. Un alcalde, por ejemplo, debe ser capaz en sentido técnico de dirigir el cartapacio y entender con cierta soltura normas y contabilidad. Pero además ha de ser reconocido en si mismo por sus vecinos como alguien merecedor del cargo. Repito lo mismo para consellers, ministros y presidentes. Esa valoración la considero independiente de si merecen el voto de simpatía o ideológico. No tengo dudas respecto a las cualidades de Jordi Pujol y en cambio no lo voté nunca. Lo mismo diría de Pascual Maragall.

Un repaso a la nomenclatura actual nos sugiere que pocas personas con responsabilidades políticas de importancia responden al esquema citado y un repaso a nuestra historia reciente nos acentúa la impresión.

No ha sido así siempre. Consta en la historia i en las hemerotecas, incluso las recientes, abundantes nombres que pueden brillar por si mismos, no por la política. Por ello deduzco que el departamento de personal de los partidos, órgano fundamental en cualquier organización, no atiende a alcanzar a esas personas con fundamento.

No pretendo un gobierno de los mejores, discusión ya vieja desde Atenas, sino simplemente resaltar que no es bueno que la capacidad personal, el triunfo (como mal diríamos hoy) civil se vea alejado de la decisión política. El político debe responder a ciertas características profesionales (es un oficio muy duro que exige eso), pero muy distinto es ser un producto de la política.

Les propongo un juego: hagan una lista de los políticos con mando en plaza que tengan más cercanos y anoten sus cualidades reconocidas, oficios en los que es competente, sabidurías varias, libros o escritos, formas de expresión escrita, capacitad de mando, valentía personal, etc. Añadan lo que más crean exigible. Después puntúen.

El resultado creo que puedo anticiparlo, pero para no repetirme, lo obvio. Ahora mismo, yo estoy pensando en mi alcalde e incluso en el conseller de medi ambient. No atino con los ministros, francamente, no me se ni los nombres.

Lluis Casas hipercrítico. (Parapanda’s University)


viernes, 23 de mayo de 2008

DICTAMEN SOBRE LOS DINEROS DE LAS AUTONOMIAS (3)


Seguiré con la tabarra de la financiación autonómica, aunque les prometo que este comentario será el último, de momento. Daremos tiempo a la negociación, si es que el mecanismo con que ha de definirse la financiación pública de Catalunya y por ende del resto de CCAA merece tal nombre.


El comentario de hoy, reservado desde el principio al espacio de los números, será un repaso a los dineros actuales que disponen las CCAA para proporcionar a sus ciudadanos los servicios que necesitan. Les advertiré de entrada que verán ustedes cosas sorprendentes. Si alguna vez se han creído ustedes el discurso de la España única, las cifras de gasto (y financiación) de los servicios básicos de bienestar social les harán cambiar de opinión. Esto no solo es un estado federal, sino la anarquía más pura o como se dice en Parapanda: una zahúrda. Cada uno tiene lo que le da la gana al... al gobierno español. Pueden ustedes cambiar lo que le da la gana por circunstancias: queda más elegante, y gobierno por gobiernos para repartir la carga.


Empecemos con algo perfectamente compresible:


Recursos por ciudadano que disponen las CCAA en materia de salud, educación y servicios sociales:


Salud, educación y servicios sociales en el 2006 euros por persona %. [Perdonen la chapuza del siguiente cuadro. El informático no acudió a la redacción por embriaguez]



ANDALUCIA

1.901,

97,1

ARAGÓN

2.038.

104,1

ASTURIAS

2.008,

102,6

CANARIAS

2.132,

108,9

CANTABRIA

2.158,

110,3

CASTILLA LA MANCHA

2.137,

109,2

CASTILLA LEON

2.055,

105,0

CATALUNYA

1923.

98,3

COMUNITAT VALENCIANA

1.715,

87,6

EXTREMADURA

2.195,

112,1

GALICIA

1.981,

101,2

ILLES BALEARS

1.720,

87,8

LA RIOJA

2.298,

117,4

MADRID

1.900

97,1

MURCIA

1.858,

94,8

PAIS VASCO

2.295,

117,3

NAVARRA

2.323

118,6





Las diferencias son enormes, un 35% entre Navarra y El Pais Valencià, no es una cifra baladí. No creo que haya nada en el mundo que explique la racionalidad de esa diferencia. Ni de las otras que se observan. Alguien podria aludir a un sistema de solidaridad en el gasto. No estoy de acuerdo, pues estamos tratando con el coste de un tratamiento de cáncer a una persona sea quien sea, o de la educación de Manolito, 8 años, independientemente de quien sea hijo o donde tenga la escuela. En el fondo esas cifras nos dicen que el mismo Manolito que en Navarra, La Rioja o Cantabria tiene una escuela razonablemente bien dotada si se va Andalucía o Catalunya lo tiene más chungo.


El efecto de la información anterior es inmediato: ¿como es posible establecer en la constitución que todos somos iguales ante el estado, cuando las cifras de presupuesto demuestran que no es así? ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano en Catalunya y otro en Andalucía o en Cantabria para que existan las diferencias mayúsculas en recursos? ¿Cómo es posible que La Rioja o Cantabria estén en las cercanías del concierto vasco?


La respuesta oficial es que las diferencias se deben a índices demográficos o geográficos que corrigen las necesidades básicas de los ciudadanos. Bien, en todo caso estos correctores podrían explicar parcialmente la diferencia, pero, sin ninguna duda, la magnitud real se debe a la irracionalidad del cálculo de necesidades, por decirlo de algún modo. Hay un indicador irrefutable de la incoherencia, Andalucía está por debajo de Extremadura un 16% y por debajo de la media estatal. ¿Quién me lo explica?.


Veamos ahora que nos dicen los números con respecto a las aportaciones de los ciudadanos, según su distrito postal:


POBLACIÓ

Capacitat fiscal per càpita

ANDALUCIA

7.975.672,0

3.252,1

ARAGÓN

1.277.471,0

4.527,2

ASTURIAS

1.076.896,0

3.881,7

CANARIAS

1.995.833,0

1.575,7

CANTABRIA

568.091,0

4.252,8

CASTILLA LA MANCHA

1.932.261,0

3.367,1

CASTILLA LEON

2.523.020,0

3.726,4

CATALUNYA

7.134.697,0

4.951,0

COMUNITAT VALENCIANA

4.806.908,0

3.946,5

EXTREMADURA

1.086.373,0

2.664,4

GALICIA

2.767.524,0

3.333,3

ILLES BALEARS

1.001.062,0

5.804,6

LA RIOJA

306.377,0

4.190,1

MADRID

6.008.183,0

5.654,9

MURCIA

1.370.306,0

3.514,8




total regimen común

41.830.674,0

4.056,1

imports total millares euros


169.670.141,8


Aquí corresponde decir que los milagros no existen y que el cuadro anterior obtiene su clarificación en este: Los ingresos fiscales dependen del nivel de renta de los contribuyentes (en realidad solo de los que cumplen adecuadamente con las normas fiscales, distinción esta siempre oportuna), de ello se deduce que los que declaran más generan más recursos para las administraciones. Nada que decir al respecto. La sorpresa viene cuando esos flujos se transforman de ingresos individuales (la aportación fiscal de cada uno) en recursos para el gasto. Me explico, mientras el sistema de ingresos es individualizado, sin componente territorial o colectiva que no sea el volumen de las rentas o los negocios, el sistema actúa correctamente respecto al criterio social de quien tiene más paga más. El salto se produce cuando nos situamos en el mundo de los servicios públicos. Estos están gestionados principalmente por las CCAA y estas tienen una financiación global (no individual). Los recursos que obtienen terminan siendo extraordinariamente desiguales, hasta el punto de romper la idea que las necesidades frente a la salud, la educación y los servicios sociales son a nivel individual muy parecidas. El asunto termina en que las comunidades en donde hay mayor recaudación fiscal, tienen menores recursos económicos para atender las mismas necesidades personales.


En síntesis es lo que se está debatiendo ahora: las personas estén donde estén tienen el derecho a niveles parecidos de prestaciones sociales, independientemente de donde vivan.


Para remachar el asunto les pondré un ejemplo: ¿Qué pensarían si en el momento de la jubilación les dijeran que su pensión es el 15% menor por que viven en Catalunya que la que obtendrían en Cantabria? Eso pasa cada día en el mundo de la sanidad, la educación u los servicios sociales.


Sería bueno que alguien dejara aparcada la demagogia y sentáramos las bases de un sistema de financiación para los servicios públicos básicos coherente y justo.


Lluis Casas, matemático (Parapanda School of Economics)


miércoles, 14 de mayo de 2008

POLEMIZANDO CON MUCHOS: Los dineros de la solidaridad (2)

En la última entrega de mis comentarios situaba la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas en una fase distinta a la actual (que daba por finiquitada en términos de adaptación a la nueva realidad española).


Los días transcurridos han dado en aumentar la información circulante en los medios, resalto lo que El País y El Periódico publicaron el sábado y el domingo: un excelente artículo del Presidente Montilla (no puedo resistir la tentación de comentarles que en el momento de su elección pensé que Montilla sería el presidente de la (metafórica) independencia de Catalunya, pues no tiene pecados capitales, nacido en Andalucía, y no podía tropezar por segunda vez; la primera fue Maragall, con la piedra central del PSOE). El segundo era una descripción muy cruda de la distribución de los recursos públicos entre las CCAA.


Considero que ustedes los leyeron y evitó así aburrirles con lo que ya conocen. Pero insisto en que los dos situaban el problema excelentemente bien: una redundancia que me parece enfáticamente útil.


Hoy voy a describirles lo que, con bastante mala fortuna, el conseller de economía, Castells, y alguna catedrática tributaria llama el problema entre ricos y pobres: regiones ricas (Catalunya) y pobres (Extremadura).


En realidad esa distinción entre comunidades ricas y pobres no es una descripción adecuada de la situación y menos en relación a la financiación de los servicios públicos. Lejos de mi la tentación de creer que no existe la pobreza y la riqueza, ni tampoco las tensiones entre ricos y pobres, pero aduzco que eso es otra cosa distinta a lo que nos llevamos entre manos.


Pues bien, el sistema español de distribución de los recursos públicos entre las CCAA ha sido siempre más una chapuza producto del ajuste de la política coyuntural que un acuerdo con fundamento técnico y político. Esto no ha impedido que el sistema haya dado excelentes frutos de redistribución de la renta, de reequilibrio territorial, de distribución de buenas infraestructuras. Pero ha sentado las bases de su inmovilidad, de rentas políticas populistas, de tensiones absurdas territoriales y de efectos nocivos entre algunas de las comunidades que aportan recursos netos al sistema. Hoy lo nocivo pesa mucho y debe ser rectificado.


Les explico ahora como funciona un sistema que yo, personalmente, considero caduco.


Dos persones de renta equivalente situadas en una comunidad “rica” (la llamaremos A) y en una comunidad “pobre” (la llamaremos B), aportan a través del sistema fiscal recursos parecidos, un total de 150*2=300 unidades monetarias (el sistema fiscal es prácticamente único en España). El estado redistribuye esos recursos y devuelve a la comunidad A 100 unidades y a la B 120, en función del sistema de solidaridad y retiene 80 para sus gastos (muchos de ellos en Madrid). Esos recursos revierten en proporción parecida a los aportantes. Luego el residente en A, todo y pagar lo mismo, recibe menos que B, siendo ambos personas de renta equivalente. Ocurre lo mismo entre ciudadanos de rentas bajas o altas. Siempre el ciudadano de vive en una zona A obtiene menos prestaciones que el ciudadano que lo hace en la B. La cosa puede resultar esperpéntica cuando un ciudadano rico de B recibe más que un ciudadano pobre de A. Así ocurre ahora. Es decir, el sistema actual de solidaridad no garantiza lo que podríamos llamar la solidaridad general, con independencia de la zona en que se vive y atendiendo exclusivamente a la situación de renta. Existe una fuerte penalización sobre los ciudadanos de baja renta que viven en comunidades consideradas ricas.


En definitiva los fondos para atender lo que podríamos llamar el sistema básico de bienestar social son inferiores en las zonas de rentas altas a los de las zonas de rentas bajas. De ahí la menor cobertura para ancianos, sanidad, educación que tenemos en Catalunya.


Un sistema adecuado que evite esas contradicciones se basa generalmente en que la solidaridad se manifiesta en la recaudación e iguala los recursos por ciudadano para las prestaciones sociales. Pueden considerarse correctores en función de algunos parámetros objetivos, coste de la vida, inmigración, envejecimiento y otros, pero eso no variará substancialmente la igualdad en la recepción de servicios públicos.


Otro aspecto es considerar si la solidaridad debe ir más allá de las prestaciones básicas del estado del bienestar. Probablemente hoy por hoy y conseguido un estado de suficiencia en infraestructuras de todo tipo, la respuesta es no. La solidaridad acaba en ese límite de las prestaciones sociales: sanidad, educación, servicios sociales y tal vez vivienda.


Otra cosa sería considerar si el sistema de solidaridad debe ser más recio en el interior de cada comunidad (y eso es política de cada una) utilizando los instrumentos fiscales propios. Por ejemplo, si se considera (y está bien considerado) que los ricos deben aportar más que los pobres ¿qué hacemos con los ricos que viven en zonas pobres?, ¿no deben ser doblemente solidarios?


Dejo el asunto en este punto y acepto encantado que discrepen. Continuaremos.


Lluis Casas


miércoles, 7 de mayo de 2008

FECHA TOPE: El 9 de Agosto que viene

Con la llegada del buen tiempo y del final del desaliño post electoral se nos avecina un reto de complicada gestión: la financiación autonómica plasmada en el estatuto de Catalunya. El temblor bíblico en torno al abastecimiento de agua nos habrá servido de ejercicio previo para la fase más dura de la agenda política inmediata y además con cita fija: el 9 de agosto ha de quedar resuelto el asunto por indicación expresa de la ley.

Los lectores estarán al tanto de mi (probada) predisposición ecuménica hacia la solidaridad en el sistema de financiación público y también estarán al cabo de la calle de que estoy más que convencido que continuar con el mecanismo actual perjudica inmerecidamente a Catalunya y de rebote, también al resto de comunidades.

Voy a hacerles unas notas aclaratorias bajo control, para ser, dentro de lo que cabe, objetivo.

La primera aseveración puede resultar esperpéntica, pero no lo es: 2008 no es el año 1980. Han pasado 28 años y mucha agua bajo las puentes del Ebro. Con ella, se nos ha colado una enorme recomposición en positivo de las grandes diferencias de renta y de servicios públicos en el país. Ya no tenemos, afortunadamente y justamente, zonas dejadas –dicho con humilde laicismo-- de la mano de los hombres. Las infraestructuras y equipamientos de que gozan todas las comunidades son excelentes y la red de prestaciones públicas relativamente homogénea. Esta afirmación rotunda la hago para recordar que los flujos de renta entre comunidades han dado resultado y que una vez conseguido las prioridades pueden y deben ser otras. Con ello se ha de modificar el futuro de otra manera.

La segunda es que incluso desde el punto de vista de las rentas el cambio es substancial. Algo que la propia UE constata cuando deja fuera de la financiación de los fondos a la mayoría de las comunidades españolas. Para Europa, las comunidades españolas ya no merecen ayudas especiales, pueden circular solas a la búsqueda de su bienestar. Si la UE piensa eso y actúa en consecuencia con la aprobación del propio estado español, creo yo que las cosas están meridianamente claras y la lógica debe llevarnos a terreno propio con la financiación autonómica en revisión.

La tercera es que el sistema aplicado hasta ahora ha producido algunos monstruos injustificables y sobre todo incontinuables. Las comunidades que generan mayor renta pasan a segunda división después de los flujos financieros. Eso significa que si en términos por capita Catalunya está al inicio de la carrera en primer lugar, al final ha quedado octava y ha sido adelantada por casi todas las que tenía atrás y reciben más de lo que recaudan.

Esta distorsión es absolutamente injusta y además desfigura un sistema de solidaridad. Este se basa en que el que más tiene aporta más y que desde la perspectiva de los servicios públicos todos puedan gozar de prestaciones parejas. Después del balance, los recursos para prestaciones públicas de algunas comunidades (como es el caso de Catalunya) son inferiores a las de otra, que inicialmente estaba más atrás (como es el caso de Andalucía por ejemplo).

La cuarta, la afectación más grave se sitúa en una zona oscura de prestaciones sociales: aquellos colectivos que viviendo en comunidades de mayor renta, no disponen de los servicios y ayudas equivalentes a la de sus vecinos extremeños, por poner un caso. Más todavía, la distorsión también significa que una familia o individuo siendo de renta elevada puede obtener servicios en Extremadura, cuando en Catalunya no los recibiría.

Quinto, la solidaridad del sistema de financiación no debe adormecer las inquietudes por el desarrollo personal y colectivo: han de ser garantía de servicios públicos adecuados, pero deben conllevar exigencias de buena administración y de prioridad al desarrollo.

Sexto, la solidaridad se sitúa entre territorios como entes abstractos, pero también entre sectores sociales (clases, ¿se acuerdan?), de modo que si mi yo catalán aporta al fondo comunitario, mi yo extremeño debería aportar más al fondo para Extremadura. La presión fiscal sobre los sectores de renta alta en las zonas receptoras de financiación debería ser razonablemente más alta que para los de las zonas aportadoras. Así eliminaríamos las múltiples distorsiones entre sectores sociales y territorios.

Séptimo, papá estado no solo debe velar por los intereses propios, sino también por los del conjunto del sistema. Y por ello debería ser acicate de realismo financiero y distributivo. Un déficit fiscal permanente y por encima del 5% es insoportable económicamente y socialmente.

El reto es que lo entienda y acepte quien recibe y se ha acostumbrado a ello. Pero esa dificultad no ha de entorpecer el conocimiento cabal del problema, ni afectar a la imagen de quienes están señalados con el dedo, cuando forman parte de los aportadores financieros.

En catalán se dice aquello de cornut i pagar el beure, cuya traducción no se ofrece por estar, en estos momentos, en un horario infantil.

Lluis Casas y lo timbaler del Bruc