El
término “incomprendida” no es el más adecuado, sin ningún lugar a dudas. La
vivienda en este país autonómico, federal o confederal ha sido siempre o casi
siempre un elemento de acumulación de capital por parte de sectores que han
manejado el suelo como una propiedad privada exclusiva. Lo que les ha permitido
mantener un sistema fiscal privado que recauda un impuesto a la vivienda fuera
de cualquier tratado fiscal.
La
crisis inmobiliaria financiera lo ha puesto en primera plana de los medios y en
el primer lugar de los problemas domésticos para innumerables familias.
Los
remedios que la administración central, autonómica y local han habilitado son
como mínimo de una crueldad medieval, dejando en la indefensión a los más
desfavorecidos, sin medios legales o prestacionales que les ayuden a superar, o
simplemente, pasar unas circunstancias especialmente graves.
La
implicación bancaria en la crisis y los efectos que ha provocado en el tinglado
crediticio a la vivienda ha acentuado la gravedad de los daños, embargos,
lanzamientos, etc. Generando un panorama realmente sorprendente: un stock
importante de viviendas vacías y un innumerable conjunto de familias sin vivienda.
Ni siquiera los recursos al alquiler, ni que sea provisional, que garantiza
además el mantenimiento de la vivienda han hecho caer del caballo a esos Pablos
que dirigen la oligarquía financiera.
El
asunto se ha ido complicando con el paso del tiempo, mediante
el incremento del paro y de la pobreza con trabajo, de modo que la
perspectiva actual nos augura tiempos peores.
El
combate de la
PAH
Las
daciones obtenidas o arrancadas del sistema bancario, la liberalización de las
deudas complementarias, algunos alquileres sociales otorgados cubren una parte
no menor, pero insuficiente, de los problemas de la población afectada.
La
banca, con su conocido sentimiento social opta por la venta de las hipotecas
impagadas a fondos buitre para su especulación posterior. Y lo hacen a precios
de risa, el 10%, 15 % o 20% del valor de la deuda. Sin que ese esfuerzo por
quitarse de encima el problema tenga en cuenta al deudor que tal vez lograría
estabilizarse en ese nivel de deuda tan sensiblemente reducido. Tampoco la
administración reacciona adquiriendo esas viviendas a esos costes tan reducidos
y a los que podría acceder con la legislación vigente, de modo
que poniéndolas en alquiler a sus usuarios cubriría probablemente el
coste expropiatorio. Cosa que está sucediendo en los propios USA, núcleo
central del neoliberalismo agresivo.
Recientemente
algunos ayuntamientos aprueban y tal vez pongan en marcha un sistema de
penalización a los bancos que mantienen viviendas sin ocupar (y sin pagar
impuestos, registros o gastos de comunidad). El asunto es una novedad positiva,
pero no pienso que sea la solución, ni que tenga consecuencias eficaces. Pero
algo hay.
Otros
elementos surgen del infernal sistema de la vivienda en crisis. Las mafias, es
decir, las nuevas mafias, puesto que la promoción y la financiación de la
vivienda pueden considerarse (con las excepciones que corresponda) verdaderas
mafias primerizas.
Las
nuevas mafias no son de alto copete, sino asociadas al delito menor. Te ofrecen
un piso expropiado por un coste asequible. No hay, lógicamente, documentación
oficial, simplemente el asalto hecho y los correspondientes servicios, agua,
luz y gas en marcha. Por un módico coste uno puede hacerse con el uso de una
vivienda y esperar que las maniobras del banco propietario, del ayuntamiento o
de quien fuera tarden todo lo que sea posible. En realidad un tiempo
considerable.
Esa
nueva mafia, que actúa en territorios urbanos especialmente tocados por el
abandono, es una oportunidad que podría calificarse de Robín de los Bosques. El
ladrón que roba al rico y se lo da, cobrando una tarifa, a los pobres. Un
negocio parecido a la protección que cobraba la
Mafia Italiana
La
síntesis de todo lo ocurrido, lo que ocurre y lo que va a ocurrir en torno a la
vivienda y las familias sin expectativa de puente, es de una gravedad que no
puede abastase. No es simplemente explotación, no es solo abandono de
responsabilidades públicas, no es únicamente avaricia suprema, no es lo
ignominia legislativa, no es ceguera social. Es un nuevo estado del bienestar
del 1%.
Lo
demás, los demás no importan a menos que no hayan nacido todavía.
Lluís Casas y diez mil más
