Una gran parte de los ciudadanos catalanes hemos visto este fin de semana pasado un reportaje que hasta ahora había estado ocultado al público y solo podía pasearse al aire libre de su visión en círculos reducidos o en festivales, en donde era celebrado y premiado.
Esa expectación se produjo bajo los efectos que el caso a que se refiere producían a los usuarios de Facebook y otros medios de contacto digital, a los que en un masivo y reciproco envío se les llamaba a visionarlo.
El asunto relevante desde muchos puntos de vista, tuvo más relieve a causa de la intervención judicial que prohibió la emisión de una parte del reportaje que afectaba al interrogatorio de un alto cargo de la Guardia Urbana de Barcelona por un juez. Si había expectación, aún mayor se produjo por esa mal diestra intervención y hoy se continua visionando en versión completa en los canales independientes. Al comienzo tienen un enlace con el reportaje y otro, que es, de momento, novedad al respecto.
Se trata de una emisión que produjo el pico de espectadores máximo en la historia del canal 33, en donde se emitió. Poca broma.
La comprobación de la eficacia en la difusión adecuada de los asuntos sucios de la sociedad la tenemos en la reacción de partidos y personas más o menos vinculadas al caso para que se produzca la revisión judicial de este y se vaya al fondo de todo lo que quedó por tratar o mal tratado en su primera vista judicial. Reflexión esta que tiene una enorme trascendencia, tanto en Catalunya, lugar de las fechorías, como en otras partes del estado o del mundo.
Como les tengo por enterados y como con seguridad también fueron espectadores, me ahorro la parte descriptiva que a todo artículo sesudo le corresponde. Voy a centrarme en determinar los núcleos de interés social, político, judicial y mediático que el caso aflora y voy a relacionarlos con otro asunto también de actualidad que ha sufrido y sufre un trato altamente parecido al del reportaje citado: la corrupción familiar y política de ex refundador de la patria, Jordi Pujol, su tribu familiar y su entorno personal e institucional.
Intentaré no irme por las ramas: Mal trato policial (por decirlo a la inglesa) en dos cuerpos policiales distintos, Guardia Urbana de Barcelona y Mossos d’Escuadra de Catalunya. Mala gestión policial, acumulativa durante la instrucción, me refiero al trabajo “técnico” policial para determinar hechos, causas y culpables. Huida política de los responsables, no de los hechos, sino de los implicados policiales, a los que se dejó demasiadas libertades y se les dio excesiva credibilidad. Nula sensibilidad humana, extensible hacia todos los acimuts de la sociedad. Desfachatez judicial, por decirlo sin meterme en líos, con el añadido de la durabilidad e insistencia en ello. Abandono de cualquier consideración hacia los acusados. Alejamiento mediático del asunto, tanto desde la perspectiva de los noticiarios, ofuscados como siempre por la necesidad de portadas simples y llamativas y negados para la búsqueda de las capas ocultas por la foto o por las declaraciones, no comprobadas, de responsables e influyentes personajes. Trabajo periodístico marcado a fuego por la propiedad del medio y su posición ideológica y económica.
Todo lo anterior con el aditamento que se trata de un caso que afecta a unas personas presuntamente auto excluidas de la vida oficialmente tolerable y que reflejan en su imagen, ropa, peinado, etc. esa implicación ideológica. No son los únicos que se encuentran frente a una dureza complementaria por su diferenciación. Étnicamente tenemos otros ejemplos, económicamente otros. En resumen, según las circunstancias el trato policial, el judicial y el mediático dependen de unas formas aparentes y de la pertenencia o no a unas ciertas élites o familias.
“La Ciutat Morta ” muestra todo eso aplicado a degüello a unas personas concretas, que afortunadamente han encontrado, tarde lamentablemente para evitarles sufrimientos, una forma de exponer y , tal vez, revertir (excepto para una) la situación. Estamos a la espera de las decisiones y consecuencias reales que se están agitando en estos momentos. Espero que no sea simplemente agitación oportunista y ahora se vaya al fondo del asunto.
Pero reportajes de ese estilo hay pocos, personas o entidades interesados en resolver, explicar o difundir asuntos parecidos en los que las instituciones creadas para una eficiente acción más parecen surgidas de la mente de Kafka, no hay muchos. A pesar del Sindic de Greuges, penúltimo baluarte del ciudadano. Por ello, quedan muchos ciudadanos colgados de una experiencia amarga que les marca de por vida.
No se han de remover muchos papeles para buscar ejemplos de ello, a diario aparecen casos en que todas o algunas de las desviaciones expuestas en “la Ciutat Morta ” son protagonistas efímeras del noticiario. Recuerden las fechas del caso: si no recuerdo mal, año 2006. Un año más tarde se empieza a intentar un control sobre la policía y la acción en las comisarías, filmaciones, código ético, etc. Nada se había hecho antes y lo hecho se deshizo después. En el caso de la Justicia , yo no recuerdo intentos serios de reforma. Tal vez la memoria empieza a fallarme.
¿Conocen ustedes alguna acción legislativa para garantizar la pluralidad de los medios de difusión y la libertad del periodista de investigación? Si es así, anúncienlo, sería una enorme sorpresa. Por todo ello, he añadido al título del reportaje CIUDAD SILENCIADA, otra forma de expresarlo.
Termino con una reflexión que no responde a un afán provocativo: “La Ciutat Morta ” puede ser ejemplar, el caso relatado una indecencia, pero a diario personas o familias pasan por los intersticios policiales y judiciales y son condenados a perder la vivienda, a irse a la calle y a asumir una deuda de por vida impagable y causa de la ruptura definitiva de una vida, digamos si ello fuera posible, normal. Una cosa no quita la otra. En el fondo se trata de lo mismo.
PD. La acerada vista del juez instructor de Parapanda me llama la atención acerca de un hipotético vacío en mi análisis: ¿Dónde están las presuntas responsabilidades políticas del equipo de gobierno de la ciudad muerta?
En realidad debo reconocer que conscientemente no he querido entrar en ese jardín de forma explícita, aunque el texto que he escrito incluye tamañas responsabilidades de una forma indirecta.
Lo he hecho así, entre otras cosas por el conocimiento de personas, aparatos de seguridad y de formas de actuar de todos ellos. Me explico: se me hace difícil pensar (aunque aquí el error puede ser mayúsculo) que el alcalde u otro regidor o regidores estuvieron al tanto con detalle de los vericuetos concretos de la noche negra. Todo aparenta ser el resultado de una actuación, en principio inadecuada (y por lo tanto intolerable) de la Guardia Urbana , tal vez influida por motivos impensables.
La acción en la calle fue realizada por la Guardia Urbana en un lío entre vecinos, actuantes de una fiesta clandestina, en un local, al parecer ocupado, que deriva en enfrentamiento y en la baja lamentable de un miembro de la policía (una víctima también, no lo olvidemos). Por ello el asunto se desmanda y los sospechosos habituales entran en acción por el simple hecho de unas rastas o un corte de pelo ajedrecista.
En esa fase, tampoco veo la mano directa de un gobierno, sino la venganza de un colectivo en estado de descontrol. Posteriormente las cosas se complican con presuntas torturas policiales físicas y morales y con detenciones ligadas al azar. Es ahí en donde la responsabilidad política respecto al caso debería empezar a actual. Primero por no cortar de raíz unas acciones basadas en una venganza corporativa y posteriormente por no hacer de la prudencia frente a informes policiales el instrumento principal. La noche daba para eso, indudablemente.
Otro si, los hechos derivan hacia la policía autonómica como instructora del caso, que más fríamente que la Guardia Urbana , continúa con el mal trato y la inspección frívola de los detenidos. Como en lo anterior, en la fase de detención y primera instrucción no veo responsabilidad política, aunque si aparece en cuanto la cosa ya no es circunstancial y las noticias dan dimensión a los sucesos. Tenemos ahí una Consellera que no ha dicho ni mú.
En el aspecto judicial, la cosa no tiene más juego que el aceptar que los jueces son los jueces y así los han parido. Unos sin dolor y otros atravesados, pero todos presuntamente independientes. La responsabilidad política queda ahí muy diluida como caso concreto, aunque es indudable como norma de funcionamiento y falta de control tanto de trato como de “calidad” en el trabajo judicial.
Tampoco entro valorar la responsabilidad de la prensa y los medios, puesto que es asunto harto conocido y debatido: no hay prensa libre y responsable realmente existente, al modo de Manolo Vázquez Montalbán.
En conjunto, pues, me decido por apuntar a responsabilidades políticas de dos clases, la primera, afecta al caso concreto, responsabilidad de dejar hacer y no intervenir en poner orden y coherencia en una actuación que se les va de las manos a los ejecutores directos. En segundo lugar, a que la acción sobre la policía para que esta actúe responsablemente y con los mecanismos psicológicos preparados para no caer en respuesta a la provocación o simplemente al ansia de venganza corporativa, no fueron puestos en las fases de formación permanente de los agentes y en los mecanismos internos de control. Y eso si es mucha más responsabilidad política.
Soy, en cambio, menos descriptivo y más exigente en la actitud humana de los responsables políticos cuando casos complejos, graves y tan duros como este se producen. La acción política complementaria a la que hemos comentado debe entender la humanidad de todas las acciones y actuar adecuadamente, y esta brilló por su ausencia. Un asunto, probablemente, muy clasista, puesto que si los detenidos hubieran tenido un “protector” con poderes, los daños del caso serían muy reducidos.
Acepto el reto del instructor parapandés y reitero, para llevar la contraria a un presunto periodista que hoy anuncia que Ricard Gomá es la primera victima política del caso. No veo, por que no la hay, una responsabilidad política urbi et orbi. Esta está delimitada por las competencias de cada uno y como las ejecuta. El colectivo de gobierno de la Ciutat Morta , no entra por esa puesta tan ancha de que todos los políticos son responsables de todo.
