Permítanme que el mismo día (22/12/2016) que el Parlament de Catalunya debate una vez más una ley aplicada a la vivienda (y ya van muchas sin resultados constatables), que en El País aparece un excelente artículo sobre ello a propósito de Barcelona (“Claves del post modelo Barcelona”. Josep María Montaner), que en el congreso madrileño aparece una propuesta contra la mendicidad energética por parte de los generadores de la mendicidad energética en los últimos 10 años y que en muchos medios se celebre la buena nueva del golpetazo por parte de los tribunales de la UE a propósito de los contratos hipotecarios y sus habituales clausulas fraudulentas (menos mal que existen) sobre la banca asalta caminos española y sus delegados en el gobierno y en los tribunales indígenas, me revuelva y haga como los jubilados de todo el mundo y de todo tiempo y exclame: ¡Ya lo decía yo!
Si el ilustre próximo premio Nobel de literatura sindical, nuestro bien amado boss, permite una transgresión de los mandamientos periodísticos y acepta volver a publicar un artículo del año 2006, entenderán que, a pesar de la desviación habitual en la memoria de los jubilados, la exclamación anterior es cierta. Les ruego se armen de paciencia, se retrotraigan al maravilloso 2006 en donde los perros se ataban, no con longanizas, sino con Porsches Cayenne, lean lo que sigue y vuelvan a la realidad de diez años después. Solo han pasado diez años y una crisis monumental.
(Hagamos caso de la petición de don Lluis. El artículo que refiere lo encontrará clicando en TODO DON LLUIS CASAS: EL SUBMUNDO INMOBILIARIO. Nota de Metiendo bulla)
Si han llegado hasta aquí vivos y atentos podrán continuar con la lectura, ahora sí, en la realidad de hoy.
Esos diez años tan rápida y costosamente evaporados han situado al que escribe en un ámbito totalmente distinto, desde el trabajo remunerado a la pensión, desde el ejercicio de la función pública gubernamental a la acción de voluntariado en la PAH. Lo dejo aquí, puesto que lo que resta es privado. Esos cambios no han hecho que fortalecer la opinión expresada en 2006 y reforzarla con la experiencia dolorosa de una crisis inmobiliaria y financiera que percibía en aquel año y que se desencadenó dos años después.
Cualquier analista político le costaría entender cómo es posible que un país caiga de vez en cuando en crisis de precios y de mercado en un sector tan perfectamente programable como el de la vivienda.
No tiene sentido económico (cada crisis se lleva empresas, beneficios acumulados, proyectos en diversas fases de ejecución, políticos de coro plazo, gobernantes del día a día e impagados financieros que convulsionan la banca), no tiene sentido social, puesto que una crisis habitacional y financiera genera unos costes muy difíciles de diluir y de absorber y deja siempre un enorme coste social permanente.
Imaginen ustedes que la red de carreteras tuviera cada 10 años una crisis consistente en su auto destrucción súbita con miles de víctimas y la destrucción de las comunicaciones por carretera. Sería inevitable que se produjera una reacción política y técnica para acabar con ello.
Eso es lo que le sucede a la vivienda, pero sin reacción pública y técnica eficiente. Con reacciones absurdas, cortas de mira, parcheado de los destrozos y vuelta a empezar.
Lo que parece un castigo bíblico no lo es en absoluto, según mi parecer la vivienda en España funciona bajo el criterio de ser un mecanismo de absorción de rentas por parte de la milenaria casta inmobiliaria-financiera, al modo de un impuesto arbitrario sobre las rentas del trabajo. La vivienda está secuestrada en España por un modelo de gobierno especulador que encuentra en la promoción, construcción y venta de ese producto imprescindible el más fácil sistema de plus valúas inmerecidas.
Se habla de mercado, no hay tal. No lo hay puesto que la relación entre necesidad y coste se halla capturada por un afán de beneficio imposible de mantener. Se dice que es mejor la vivienda propia que la alquilada. Verdad que solo lo es cuando el precio del alquiler (si existe esa oferta) absorbe una parte substancial de los ingresos familiares (se dice que el máximo coste de la vivienda debe rondar el máximo del 30% de los ingresos familiares), desplazando los gastos necesarios de otros bienes como la cultura, la buena alimentación, las vacaciones, etc. Las familias trabajan para pagar la vivienda.
El estoc de vivienda pública de alquiler es ridículo en nuestro país, tal vez un porcentaje del 2% del mercado. Esa vivienda pública es la única forma de regular el mercado. Sin ella no hay forma de hacer coincidir la necesidad de la vivienda con el coste proporcional.
Si eso es así, y lo es, la única forma de llegar a resolver realmente las crisis cíclicas de la vivienda es una política consistente de construcción de vivienda pública de alquiler. Una política que necesita tiempo para rehacer el estoc y acercarlo a la necesidad. Algunos arguyen que no hay recursos para ello. Absurdo, las crisis se llevan muchos más recursos que una inversión y gestión de la vivienda pública.
La crisis, sorprendentemente, ofreció a los políticos al mando una oportunidad histórica para hacer un estoc de vivienda pública con una gestión parlamentaria y gubernativa inmediata: hacerse con una parte substancial de la vivienda en manso bancarias y con la totalidad (o casi) de las que ya están en manos públicas en la Sareb. Eso hubiera sido una revolución prácticamente sin costes, ni siquiera colaterales.
La autoridad gubernativa no ha utilizado esa oportunidad, mi opinión es más favorable a que a la miopía habitual del gobernante solo es la parte diminuta de la explicación. La parte explicativa importante ha sido que no se ha querido reformar el sector para mantenerlo como hasta ahora en manos de la especulación y de la fábrica de beneficios fáciles.
Esta historia tiene un origen, un desarrollo y unas expectativas más bien desgraciadas. Ni siquiera la llegada al poder de mentes alternativas y muy vinculadas a la agitación en favor de que la vivienda sea considerada políticamente como lo que es: una necesidad constatada en la misma Constitución (y nunca desarrollada), ha introducido cambios que signifiquen algún cambio de rumbo. Se está trabajando en moderar la velocidad, ajustar en consumo de los motores y en poner de acuerdo al capitán con la tripulación.
Termino al mismo tiempo que el Parlament de Catalunya aprueba la enésima ley de la vivienda.
Lluís Casas, Alcalde de Parapanda
