viernes, 13 de enero de 2017

Dolores de jubilación

Me sorprende la fuerte tendencia que observo en aplicar criterios de progresividad a los sistemas de bienestar social, como salud, educación, pensiones, servicios sociales, etc.

Me explico: de unos años a esta parte numerosos políticos, expertos, periodistas, comentaristas sobre el mundo en general, etc.  arguyen que la disposición de rentas por encima de la media (media puede ser casi cualquier cosa) implica mecanismos de copago en la utilización de determinados servicios públicos. De hecho, una cierta variedad de servicios ya tiene mecanismos ad hoc en funcionamiento. El ejemplo último de ello lo aporta Dolors Montserrat, ministra de la salud, con espectacular desmentido. Joven ella, que puede inaugurar el Ministerio de la Palabrería.

La dicha ministra alude a la necesidad que los jubilados que disfrutan de rentas por encima de los 18.000 euros anuales aporten un mayor copago en el consumo de medicamentos. La ministra lo dice con el convencimiento y el argumento que quien tiene más, pague más. Una sorprendente deriva en el PP, dado que en cuanto a impuestos no opinan lo mismo. En la prensa, como sucede a menudo, se confunde pensión con ingresos y la cosa se hincha como el globo sonda que es.

Alguno puede pensar que eso es cosa de derechas, pero si piensa así se equivoca. ¡El ultra liberalismo se infiltra cómodamente en el pensamiento socialista y, OJO!, en los que se sitúan fuera de la casta. No es extraño oír en asambleas alternativas la creencia que en cuanto uno cobra, sea nómina o pensión ya es un privilegiado que debe expulsarse del ámbito de las prestaciones. Argumento que proviene directamente del escaso pensamiento de las patronales y sus insustanciales equipamientos de sociología.

La sorpresa insinuada por la ministra, adolece de complemento imprescindible para quien quiera entender el asunto y para ello apunto lo siguiente: Si bien ya resulta habitual esa pretensión reformista de las prestaciones sociales, nadie arguye que, en materia de carreteras, aviones, autopistas, etc. se aplique el mismo pensamiento onanista. Y, la verdad, es que no entiendo por qué he de pagar más, o, preciso, progresivamente más, por la aspirina y no por el uso de la autovía a Lleida. O, si nos ponemos románticos, con el tren que me llevará a visitar en un futuro próximo a mi nieta en Bilbao. No olvidemos que casi todo el sistema de transporte forma parte de la economía subvencionada.

Tampoco los proponentes de la progresividad en el uso de las prestaciones públicas dicen nada de aplicarlo a la alimentación, obviamente una necesidad indiscutible hasta hoy día y perfectamente adaptable a los criterios de renta con el uso de las tarjetas de pago. Tal vez porque ahí ya tienen el negocio montado.

En definitiva, se trataría, si llegamos consecuentemente al final del argumento, a pagar progresivamente por los bienes y servicios y a no pagar impuestos sobre las rentas, beneficios y patrimonio. Una sociedad justa basada en la tarjeta de pago con indicación de la renta y el porcentaje de copago exigible. Una propuesta que debería incorporar Extremadura al asunto de la subvención por compra de muebles, bienes que por descontado son de primerísima necesidad.

¿Dónde está el truco en esas propuestas y, no lo olvidemos, en sus aplicaciones?

En primer lugar, una parte del truco consiste en no entender que las prestaciones, el sistema de bienestar social es un derecho aplicable a todos, independientemente de su riqueza o de cualquier otra consideración segregacionista. Ese derecho global es la mejor defensa frente a los que propugnan una sociedad dual, los ricos se lo pagan todo con seguros y redes privadas y no pagan impuestos y los pobres ya se espabilan con “cap nen sense jogina” y similares.

En segundo lugar, la calidad y la exigencia de buen funcionamiento de una prestación pública viene determinada por el uso colectivo de ella, resintiéndose siempre cuando se aplica selectivamente. Una parte de la población se desentiende de ese servicio, considerando que quien tiene derecho a usarlo ya se apañará.

En síntesis, un sistema de prestaciones públicas no universal tiende a segregar y a producir diferencias de clase insalvables y a desplazarse desde el derecho a la caridad.

Me pregunto si la ministra Montserrat lo sabe.